La industria agroexportadora peruana y sus desafíos frente a un nuevo gobierno

19 de julio de 2021

Las elecciones del 6 de junio dejaron una fuerte polarización de la sociedad peruana, que al cierre del presente artículo aún estaba pendiente del anuncio oficial del ganador, probablemente Pedro Castillo, aunque por un margen mínimo de diferencia sobre Keiko Fujimori. Castillo constituye un outsider al establishment político peruano que solo puede entenderse como una reacción de un electorado estresado por crisis políticas, escándalos de corrupción y últimamente muy golpeado en su economía familiar, como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Desafortunadamente, en este momento Castillo no puede ofrecer a los peruanos nada más que una promesa de cambio y propuestas poco elaboradas sin mayor articulación. El candidato de Perú Libre, un partido de la periferia política peruana liderado por Vladimir Cerrón -un ex gobernador de una región del centro del país- con una base radical de izquierda marxista-leninista, carece de una formación política y de experiencia en gestión que genera una elevada incertidumbre sobre el rumbo que el país puede tomar en los siguientes cinco años de gobierno.

De lo poco que se conoce acerca de sus propuestas en materia agraria, Castillo, un profesor de escuela primaria en una de las regiones más pobres del país, menciona una agenda hacia una “segunda reforma agraria”, que en el Perú tiene connotaciones con políticas aplicadas 50 años atrás cuando un gobierno militar expropió las gigantescas haciendas orientadas hacia la producción de caña de azúcar, algodón y otros cultivos dirigidos a la exportación. De aquella etapa solo quedan miles de micro unidades productivas luego de un fallido proceso de promoción de cooperativas agrarias. Luego del control del terrorismo a mediados de la década de 1990, el Perú atrajo crecientes inversiones orientadas hacia cultivos hortofrutícolas que le han permitido convertirse en una potencia exportadora. En contraste, el agro tradicional ha subsistido con medidas proteccionistas, crédito público subsidiado e insuficiente ayuda técnica. En este contexto, el concepto de una “segunda reforma agraria” suena difuso y sin mayor contenido.

Por ahora, pareciera que se insistirá en medidas proteccionistas hacia cultivos orientados al mercado interno, como papa, maíz o arroz, quizás a través de restricciones a la importación. En segundo lugar, un mayor financiamiento público a las campañas de este sector tradicional no integrado a la cadena agroexportadora. Y, en tercer lugar, estaría por verse si Castillo y el nuevo Congreso seguirán intentando imponer mayores costos y trabas en el proceso de contratación laboral en el sector agroexportador moderno.

Mientras el nuevo gobierno define sus lineamientos de política agraria, este sector moderno resiste y sigue creciendo. APOYO Consultoría estima que las agroexportaciones de cultivos no tradicionales desde el Perú crecerán 7% en el 2021, equivalente a cerca de US$6.000 millones anuales, récord histórico de exportación.

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